Esta también es una oportunidad para dejar registro de nuestro público agradecimiento con el Sr. Alejandro Espinoza, amigo y vecino y para  su bufete de abogados Espinoza&Tapia por habernos representado de manera impecable e implacable en todas las instancias judiciales.

Del mismo modo un afectuoso saludo y agradecido  a la gente del foro ChileTren y a sus administradores por haber sido generosos para informar y difundir la información relativa a éste y otros temas de interés ciudadano y en dónde el tren y su cultura es central.

Finalmente es importante hacer mención que esta acción fue también un proceso en donde la acción municipal a través del S. Alcalde de la comuna de Chiguayante Sr. Tomás Solís demostró coraje para enfrentar al stablishment y solicitar en primer lugar las explicaciones del caso al Directorio de EFE y luego invitar a debate público al Gerente en ejercicio para que participara de un encuentro con la comunidad. Agotados esos caminos no quedo alternativa más que solicitar la acción de los tribunales para dirimir esta situación. Las unidades técnicas como la Dirección de Obras y Jurídica son también gestoras de este triunfo. Lo que ahora enfrentamos es resolver de la misma manera, coordinadamente, los temas que quedaron pendientes de resolución como son las peticiones expresas por modificar el Plan Regulador situación que quedo con agenda abierta según compromiso y palabra alcaldicia.

Comparto con ustedes la editorial del día de hoy del Diario de Concepción , medio que siguió con interés y rigor periodístico cada una de las instancias del caso, cumpliendo así su rol social.

Editorial Diario de concepción 10 de diciembre de 2009

ANGULO
El fallo unánime de la tercera sala de la Corte Suprema, confirmando la resolución del tribunal de alzada penquista, en orden a detener la licitación para construir un patio de maniobras en la ribera del río BíoBío, en el límite de las comunas de Concepción y chiguayante, no sólo respalda los antecedentes legales referidos a que se trata de una obra que requiere un estudio de impacto ambiental y que éste debe ser realizado por el titular del proyecto y no por la empresa que se lo adjudique como sostenóa EFE, sino también, de forma indirecta, legitima el accionar de la comunidad organizada para demandar por el ambiente como derecho de incidencia colectiva, haciendo operativo el principio más importante en materia ambiental: la prevención, que impone actuar sobre las causas de un eventual probelma y no sobre lo efectos. El recurso de protección presentado por lo vecinos de pedro de valdivia y Lonco, las movilizaciones pacíficas que realizaron, sin caer en la ya frecuente tentación de alterar el porden público, el uso de redes sociales para difundir sus mensajes y un respetuoso, pero asertivo dialogo con las autoridades, son expresiones de una sana participación social. en este caso no se trata de la formalidad que se circunscribe al cumplimineto de un andato legal, sino que fue espontánea, pero igual eficiente al integrar a las comunidades susceptibles de ser afectadas por un proyecto que feu gestionado con impropia reserva, al punto que ni las principaels autoridades de la zona estaban debidamente informadas. El caso del patio de maniobras enseña que ciudadadnos lo suficientemente empoderados, conscientes de sus derechos y obligaciones e inteligentes al actuar , son la mejor contención cuando se soslayan los factores ambientales y sociales y se releva sólo el componente económico de un proyecto de infraestructura de transporte. La sociedad, téngase bien presente, no es indiferente y apática por naturaleza.

Asimismo, se indicó que dicho desarrollo podría afectar seriamente la calidad del agua que es captada por Essbio para su proceso de producción de agua potable que abastece a 550.000 habitantes de Chiguayante, Concepción, Hualpén y Talcahuano”.  Además, los ministros detallaban en su fallo, en septiembre, que las líneas férreas están incluidas dentro de las obras que deben contar obligatoriamente con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual debe ser realizado por los titulares del proyecto y no por la empresa que se adjudique la licitación de las obras, como pretendía EFE.

“Su omisión resulta calificar el obrar de la recurrida de ilegal, por contravenir los estrictos términos del sistema de protección ambiental chileno y por amenazar el derecho de quienes en cuyo favor se ha recurrido, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación establecido en el numerando 8º del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, detallaban en el anterior fallo los ministros penquistas. El recurso de protección había sido presentado por los vecinos de Pedro de Valdivia, Lonco y por la Municipalidad de Chiguayante.

“Teníamos la razón”.

El abogado del municipio, Ernesto Reyes, ayer comentó la confirmación de esta resolución: “el fallo demuestra que teníamos la razón y demuestra el buen trabajo en equipo entre los vecinos y la Municipalidad. Lo que le interesa a la comunidad de Chiguayante y al alcalde Tomás Solís es que se respete el uso del suelo que establece la municipalidad en ese sector”. El profesional se refiere a que según el instrumento de planificación territorial, en dicho sector sólo se permite la construcción de obras de equipamiento, servicios y habitacionales y no de un patio de maniobras, que implica la detención y movimiento de carga que, en algunos casos, puede ser peligrosa, como los combustibles y corrosivos, por ejemplo.

Días después, el fallo fue apelado por EFE, pero los argumentos no fueron acogidos y el máximo tribunal del país confirmó el lunes pasado la decisión de la Corte penquista.

Lamentable lo que ocurre, pero es también muy esclarecedor en torno al valor e importancia que tiene para el actual gobierno la idea de regionalización. El propio Core se ha visto absolutamente ignorado al menos en lo que públicamente EFE comunica. A pesar de todo lo anterior vemos  con optimismo la situación ya que el Sr. Quevedo, experto en temas ambientales, según lo cataloga el Diario, lo que menos está resguardando es justamente lo ambiental , o al menos lo interpretará a la medida de la empresa y eso será justamente su debilidad. Lo que esta en juego aquí no es el uso de suelo, si no que el abuso de éste y por consecuencia la contaminación de un área consolidada de la ciudad que incluye además a la bocatoma de agua potable para toda la ciudad. Nuestros argumentos sobrepasan lo que tipicamente los medios declaran como eje de nuestra oposición. no es la plusvalía el problema, es el oscurantismo con que una empresa fiscal pretende gestionar sus contratos y responsabilidades para que al final del ejercicio, éste sea no catastrófico si no “menos catastrofico”. Ya hemos presenciado la forma en la cual la estatal ha sido utilizada por anteriroes ejecutivos como espacio de corrupción.

En lo relativo a los informes técnicos solicitados por la corte , lo informado por Diario El Sur es que en ausencia de ellos el tribunal deberá zanjar esto con los antecedentes disponibles. En este sentido creemos que la participación activa de Essbio es clave ya que su responsabilidad de prestar y garantizar un servicio como el agua potable para gran parte de la conurbación es mucho más estructural para la competitividad regional que el acopio de sustancias tóxicas. Es evidente que falta una visión de largo plazo para que estos problemas contingentes puedan ser resueltos en virtud del gran proyecto de ciudad que queremos construir, donde nuestra sociedad también logra desplazarse desde la explotación y extracción a la generación de conocimiento y servicios en un espacio urbano libre de contaminación que sea un imán para las grandes mentes y una oferta para construir no tan sólo desde la gran industria si no también desde la sofisticación de los mercados. Concepción tiene la posibilidad histórica de entrar en esta fase de evolución urbana en la medida que también el gobierno central entienda que la Regionalización debe ser de verdad y no una bandera que se ondea previa  las elecciones. Finalmente creo que el poder ciudadano debe también entender que saliendo de nuestra típica apatía es la única forma de hacer que los servidores públicos , no se sirvan al público.